Milei cambió el cálculo de las indemnizaciones para que despedir trabajadores sea más fácil: quedan afuera bonos, premios, horas extras y aguinaldo
El Gobierno
reglamentó un nuevo criterio para determinar la base salarial de las
indemnizaciones por despido sin causa. La medida restringe los conceptos que
podrán computarse, reduce el monto que percibirán miles de trabajadores y
anticipa una fuerte disputa judicial por su aplicación.
- El
Gobierno de Javier Milei volvió a avanzar sobre uno de los pilares del
derecho laboral argentino al modificar el criterio para calcular las
indemnizaciones por despido sin causa. A través de una nueva
reglamentación, el Ejecutivo redefinió qué conceptos integran la base
salarial sobre la que se determina la compensación por antigüedad, dejando
afuera adicionales que hasta ahora incrementaban el monto final que
percibían los trabajadores.
Con la medida, el Gobierno sostiene que
busca otorgar mayor previsibilidad a las empresas y reducir la litigiosidad
laboral. Sin embargo, abogados laboralistas y dirigentes sindicales advirtieron
que el cambio abarata el costo de los despidos y representa un nuevo retroceso
en los derechos de los trabajadores.
Qué cambia
en el cálculo de las indemnizaciones
La modificación mantiene el principio
general de abonar un salario por cada año de servicio o fracción mayor
a tres meses, pero altera el concepto de "mejor
remuneración mensual, normal y habitual", que sirve de base para
calcular la indemnización.
A partir de ahora, únicamente se
tomarán en cuenta el salario básico previsto por el convenio colectivo y las
sumas remunerativas normales, habituales y mensuales.
En cambio, quedarán excluidos de la
base de cálculo:
- Premios.
- Bonos.
- Horas
extras.
- Aguinaldo.
- Participación
en las ganancias.
- Plus
vacacional.
- Sumas
no remunerativas.
- Pagos
extraordinarios.
Además, la reglamentación incorpora una
cláusula amplia al establecer que tampoco integrará la indemnización "todo
otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación,
que no se abone en forma normal, habitual y mensual".
Menores
indemnizaciones para miles de trabajadores
El impacto de la medida será diferente
según la composición salarial de cada trabajador. Mientras quienes perciben
únicamente un sueldo básico mensual prácticamente no registrarían
modificaciones, la situación cambia para aquellos que cobran parte de sus
ingresos mediante horas extras, premios, bonos u otros adicionales.
"Quienes cobran exclusivamente un
sueldo mensual fijo verían pocos cambios, mientras que aquellos cuyos ingresos
incluyen conceptos variables podrían percibir una reducción significativa en la
indemnización en caso de despido", advirtieron especialistas en derecho
laboral.
En actividades donde esos conceptos
representan una parte importante de la remuneración mensual, la reducción del
monto indemnizatorio podría ser significativa en caso de un despido sin causa.
El Gobierno
defiende la medida
Desde la administración nacional
sostienen que la nueva reglamentación busca brindar mayor seguridad jurídica a
los empleadores y disminuir la cantidad de litigios derivados de la
interpretación sobre qué conceptos deben integrar la indemnización.
Según la postura oficial, la definición
más precisa de la base salarial permitirá reducir conflictos judiciales y
facilitará la contratación de trabajadores al disminuir los costos asociados a
un eventual despido.
Sindicatos y laboralistas cuestionan el alcance de la reforma
La medida fue recibida con fuertes
críticas por parte de abogados laboralistas y representantes de la CGT,
quienes consideran que implica una reducción concreta de los derechos
económicos de los trabajadores despedidos.
Para los especialistas, excluir
conceptos salariales que forman parte habitual de los ingresos significa
disminuir el resarcimiento previsto por la legislación laboral y trasladar el
costo de la flexibilización hacia los asalariados.
Desde distintos sectores gremiales
también advirtieron que la decisión se enmarca en la política de reformas
laborales impulsada por el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su
gestión, orientada —según sostienen— a reducir el costo laboral para las
empresas.
En ese contexto, remarcaron que la
modificación llega en un escenario caracterizado por la caída del empleo
registrado, la pérdida del poder adquisitivo y el crecimiento de la
informalidad laboral.
Se anticipa
una nueva disputa en la Justicia
La implementación de la norma también
abre un nuevo frente de discusión en los tribunales laborales.
Uno de los principales interrogantes
será determinar qué conceptos pueden considerarse efectivamente "normales,
habituales y mensuales", ya que esa definición podría variar según las
características de cada actividad y de cada relación laboral.
En ese sentido, se anticipa que
la Justicia Nacional del Trabajo deberá definir el alcance
real del criterio de habitualidad de los distintos conceptos salariales en cada
caso particular, lo que podría derivar en una nueva ola de litigios.
Mientras el Gobierno presenta la
reforma como una herramienta para modernizar el mercado laboral y reducir la
litigiosidad, sus críticos sostienen que la consecuencia inmediata será un
abaratamiento de los despidos y una menor protección económica para quienes
pierdan su empleo, reabriendo el debate sobre el alcance de los derechos
laborales en la Argentina.